Cotizaciones sociales, una mochila con demasiado peso para las empresas españolas
Hasta noviembre se han recaudado 60.854 millones de euros, de los cuales más del 83 por ciento proceden de las aportaciones de las sociedades, lo que coloca a España en los puestos de honor del ranking europeo.
Lastre, obstáculo, impuesto, traba o rémora. Estos son algunos de los calificativos empleados por los empresarios españoles para definir su posición respecto a las cotizaciones sociales. Y no en vano. De los 60.854 millones de euros que la Seguridad Social ha recaudado -hasta noviembre- del Régimen General por este concepto, en torno a 50.000 millones de euros habrían salido de la caja de las empresas.
Con una aportación del 83,28 por ciento las compañías españolas son las segundas que más cotizan a la Seguridad Social, siendo superadas sólo por las estonias, cuyo peso se eleva más allá de los 89 puntos porcentuales. Así del 37,38 por ciento que supone el total de cotización, las sociedades marca España contribuyen con un 31,13 por ciento al sistema mientras que los trabajadores lo hacen con un 6,25 por ciento, al menos así se recoge en el informe Un Marco Fiscal para el empleo elaborado po el Think Tank Civismo, a partir de los datos del Social Security Programs Throghout the World:Europe 2014.
Traducido a euros esto significa que de los 372,50 euros que ingresa la Seguridad Social por un trabajador con contrato indefinido que percibe una nómina de 1.000 euros mensuales, éste paga a la Seguridad Social 63,50 euros mientras que la empresa está obligada a tributar por una cuantía de 309 euros, es decir, casi una cuarta parte de la nómina (245,50 euros).
Paro y desconfianza
Lo anterior no es lo único que nos distancia de nuestros socios en la Unión Europea. A diferencia del resto de los 28 en España sólo existe un único tipo impositivo -lo que beneficia a las rentas más altas- y éste no está sujeto a ningún tipo de deducción en función del nivel de renta. A ello se añade que, aunque la creencia es precisamente la contraria, las cotizaciones sociales de las empresas no se incluyen en el salario bruto del trabajador, representando sin embargo entre el 50 y el 60 por ciento de los impuestos al trabajo frente a las de los empleados que suponen en torno al 12 por ciento y al IRPF que se sitúa en el torno del 28 por ciento.
Diferenciales todos ellos que según el informe de Civismo hacen que nuestro sistema sea “mucho más opaco” y acaben pagándolo los ciudadanos de a pie “en forma de sueldos más reducidos, precios más elevados y mayor desempleo”. Algo que también es puesto de relevancia desde la patronal de los pequeños y medianos empresarios, Cepyme, cuyo presidente, Antonio Garamendi, afirma con rotundidad que “suponen un importante obstáculo para la creación de empleo”.
En esta misma línea empresarios como Javier Fuentes Merino, CEO de Grupo Venta Proactiva, se aventuran a facilitar cifras «adecuar las cotizaciones españolas a las de la media europea, supondría un empleo más por cada seis actuales, mejorándose además la renta disponible de los trabajadores», o lo que es lo mismo el ahorro en la cotización revertiría en incrementos salariales.
En este sentido los analistas de Civismo recomiendan “reducir las cotizaciones sociales en 8 puntos porcentuales, aumentándose de este modo la renta disponible y dando mayor libertad de elección al trabajador” que incluso puede “utilizar esa renta extra para compensar su pensión pública”.
Asimismo se produce un daño en las relaciones laborales entre el empleado y la empresa ya que «crea la percepción de que los empresarios obtienen mayores beneficios de lo que realmente consiguen y puede inducir a pensar que la rentabilidad no se debe a la eficiencia y el éxito de la empresa, sino que es fruto de que ésta paga mal a sus trabajadores».
Javier Fuentes Merino, CEO de Grupo Venta Proactiva
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Fuente: Diariofinanciero. com